Luego de solicitar que se armonicen las leyes secundarias, la diputada María Luisa Ojeda González, afirmó que la 3 de 3 (tal como lo establece la Constitución) ya entró en vigor porque no fue observada ni vetada, exigiendo que ningún hombre que violente los derechos humanos ocupe un cargo de elección popular o público.
A través de un pronunciamiento en sesión ordinaria de este martes, la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género acotó que hay retraso en el cumplimiento del Decreto 2774, de un año, tres meses, porque ya es válido desde el primero de septiembre de 2021.
“Se considerará aprobado por el Ejecutivo del Estado, todo proyecto de Ley o Decreto que no sea devuelto con observaciones al Congreso, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha en que lo reciba, a no ser que durante ese tiempo el Congreso del Estado hubiere entrado en receso, en cuyo caso, la devolución deberá hacerse el primer día de sesiones del período siguiente”, precisó la representante popular.
Señaló que estas disposiciones dan la certeza jurídica que el Decreto 2774, debe considerarse aprobado para todos los efectos legales, y por tanto, debe aplicarse en su totalidad y, además, el Honorable Congreso del Estado de Baja California Sur, debe proceder a armonizar las leyes que sean necesarias para garantizar la existencia del registro de deudores alimentarios y de responsables de delitos contra la libertad sexual, contra la intimidad sexual o contra el normal desarrollo psicosexual.
Esta Ley se identifica como “Ley 3 de 3”, porque el objetivo de la sociedad civil y de las legisladoras que la impulsaron, es que su aplicación será para los 3 niveles de gobierno: federal, estatal y municipal.
El dictamen que dio lugar al Decreto 2774, puntualiza que el 25 de julio de 2018, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la ONU, emitió observaciones finales sobre el noveno informe periódico en México, en donde reconoce el esfuerzo de nuestro país, no obstante, señala el hecho de que los delitos de género en contra de las mujeres, frecuentemente perpetrados por agentes del Estado o con su presunta participación y complicidad.
En ese sentido, se pronunció por la responsabilidad de fortalecer la legislación vigente para proteger mejor el derecho de las mujeres, adoptando medidas de prevención para que, quienes ocupen cargos públicos en los órganos del Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como en los Órganos Públicos Autónomos; no cuenten con antecedentes de violencia familiar, de incumplimiento de obligaciones alimentarias, violencia sexual y violencia de género en cualquiera de sus modalidades.
