Por mayoría nominal la XVI Legislatura de Baja California Sur aprobó que las
pensiones alimenticias se vinculen con el salario mínimo vigente como medida de
cuantificación, atendiendo a los principios de justicia que deben regir en el
otorgamiento de la pensión alimenticia, propuesto por la diputada María Luisa
Trejo Piñuelas (Morena).
La Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia resolvió procedente la
iniciativa de cuenta, al coincidir con los argumentos vertidos por la iniciadora, con
el contenido de la reforma planteada, y toda vez que la Primera Sala de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó conducente que “las
pensiones alimenticias deben tomar en cuenta el Salario Mínimo Vigente como
parámetro para su cuantificación y no el de la UMA”, al considerar que la garantía
del derecho humano a los alimentos, a través del pago de una pensión alimenticia
por parte de la persona deudora alimentaria, se encuentra íntimamente vinculada
con la naturaleza del salario mínimo.
Por tanto el artículo 461 de Código Civil estatal, quedará de la siguiente manera:
“Los alimentos han de ser proporcionados a la posibilidad del que debe darlos y a
la necesidad del que debe recibirlos, el parámetro para fijarlos deberá realizarse
con base en el Salario Mínimo Vigente. Determinados por convenio, los alimentos
tendrán un incremento automático equivalente al porcentaje en que aumente el
Salario Mínimo Vigente, salvo que la persona deudora alimentario demuestre que
sus ingresos no aumentaron en la misma proporción. En este caso, el incremento
en los alimentos se ajustará al que realmente hubiere obtenido la persona
deudora. Estas prevenciones deberán expresarse siempre en la sentencia o
convenio correspondiente”.
La Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia añadió estar de acuerdo
con la iniciadora, al considerar que el artículo 461, debe adecuarse al criterios
sostenido por la Primera Sala para asegurar que los acreedores alimentarios
reciban una pensión justa.
En la discusión del tema, la diputada María Luisa Ojeda (PRD),
sugirió que, se realicen una corrección en la redacción en la que se aplique
lenguaje incluyente y no sexista, es decir, modificar el término “El Deudor” por el
término “La Persona Deudora”, propuesta que fue aprobada para su aplicación.
