El Pleno del Congreso del Estado de Baja California Sur aprobó por unanimidad
etiquetar en los presupuestos anuales del Gobierno estatal como de los
ayuntamientos, partidas destinadas para la creación, instalación y mantenimiento de
refugios para víctimas de violencia, por lo que éstos deberán contemplarse en el
ejercicio fiscal 2023.
El dictamen de la Comisión Permanente de Igualdad de Género que preside la
diputada María Luisa Ojeda González, como presidenta y las diputadas Gabriela
Cisneros Ruiz y Teresita Valentín, secretarias, afirmó que dichos presupuestos no son
una nueva obligación para el gobierno estatal como para los municipios, sino por el
contrario, esto ya existe, pero que se han pasado por alto.
Señaló que en administraciones anteriores la operación de éstos eran fondeados de
forma bipartita entre la Federación y el Estado, de manera que seis meses eran
sostenidos con recursos federal y los otros seis meses con recurso estatal, pero al
dejar de aportar la administración estatal, sólo operaban la mitad del año, dejando a
las víctimas de violencia, en su mayoría mujeres, sin acceso a éstos.
Ante la situación, la comisión dictaminó en positivo la propuesta de la diputada
Teresita de Jesús Valentín Vázquez (Morena) para adicionar un artículo 45 bis a la
Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Baja
California Sur.
El decreto mandata que “el Titular del Poder Ejecutivo Estatal deberá incorporar,
anualmente en sus proyectos de presupuesto, una partida destinada a la creación,
instalación y mantenimiento de refugios para la atención a las víctimas de violencia”.
De la misma manera, los Ayuntamientos incorporarán y aprobarán anualmente en sus
presupuestos, una partida destinada a la creación, instalación y mantenimiento de
refugios para la atención a las víctimas de violencia.
