El Congreso del Estado de Baja California Sur suscribió un convenio de
colaboración interinstitucional con la Contraloría General del Estado de Baja
California Sur, con el objeto de poder contar con prestaciones de servicio
profesional de defensoría pública de oficio, por parte de peritos en materia
administrativa para las y los servidores públicos que requieran del sustento,
toda vez que fuesen señalados como presuntos responsables de faltas
administrativas.
El diputado presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del
Congreso del Estado (JUGOCOPO), el profesor José María Avilés Castro,
sentenció que al signar el convenio se promueve la legalidad de los
procedimientos administrativos que emita la Contraloría General del Estado de
Baja California Sur como órgano de control interno del Poder Legislativo, dijo,
se otorgará conforme a lo establecido en la Ley de Responsabilidades
Administrativas del Estado y Municipios de Baja California Sur, la protección
durante el proceso de responsabilidades administrativa.
Avilés Castro, mencionó también que el convenio de colaboración abona en la
búsqueda de certidumbre legal durante los procedimientos de actos jurídicos
durante el periodo de la XVI Legislatura y las próximas a desempeñar el
cargo, haciendo cumplir la ley por presuntas responsabilidades.
Por el Congreso del Estado, firmó el diputado presidente de la JUGOCOPO, el
profesor José María Avilés Castro, la Licenciada Karla Mendoza Higuera,
Contralora del Congreso del Estado y por otra parte, la Licenciada Rosa
Cristina Buendía Soto, Contralora General del Estado de Baja California Sur y
el director jurídico de la contraloría general, el Mtro. Reyes Alfredo Machado
García.
