La diputada María Luisa Ojeda González (PRD) reprobó la iniciativa presidencial
que prevé desaparecer, fusionar o readscribir a 18 organismos desconcentrados
de la administración pública federal, entre ellas la Secretaría Ejecutiva del
Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Nacional de Protección Integral de
Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), de la cual plantea trasladar sus
funciones de un organismo desconcentrado a una unidad administrativa del
Sistema DIF Nacional, y de ser así, modificarse en cada uno de los Estados,
considerándolo en agravio de la población de menores de edad.
La representante del PRD afirmó en la tribuna legislativa que la propuesta
enviada por el Ejecutivo federal a la Cámara de Diputados y Diputadas, es un
desmantelamiento y un retroceso, “es quitarle autonomía y regresar a la niñez y
adolescencia donde siempre se había ubicado, bajo un Sistema DIF que visibilizó
a este sector como sujetos de protección y no como sujetos de derechos”.
Ojeda González se pronunció por que el Poder Legislativo haga contrapeso a las
decisiones del Poder Ejecutivo, que legisle con pleno conocimiento de los
asuntos que son turnados para su análisis, revisión y dictaminación. “No
queremos un Congreso que violente los procedimientos legislativos y apruebe en
“fast track” la agenda presidencial como ocurrió el sábado 29 de abril, donde
fueron aprobados 20 dictámenes por la bancada de Morena y sus partidos
aliados”.
Llamó a las diputadas y diputados integrantes de las comisiones de la niñez del
Congreso de la Unión para que revisen a fondo dicha iniciativa de simplificación
administrativa, con perspectiva de derechos, anteponiendo el cumplimiento de los
compromisos a favor de la niñez y adolescencia”, pues sentenció que proteger y
garantizar los derechos la niñez de México y de Baja California Sur, debe ser una
prioridad para todas y todos, pero mayormente para legisladores y legisladoras
quienes tienen la responsabilidad legislativa de fortalecer y
brindar mayor calidad de vida.
La congresista se pronunció también porque las fuerzas políticas representadas
en el Congreso de la Unión, legislen con objetividad, progresividad, en apego y
respeto a los derechos adquiridos y derechos humanos de niñas, niños y
adolescentes, quienes están siendo vulnerados con dicha propuesta legislativa
que privilegia el ahorro presupuestal por encima de reconocer al grupo
poblacional representan a casi 40 millones de personas.
La legisladora calificó la medida como regresar a una visión “centralista” donde
todo se pretende concentrar y controlar funciones y atribuciones desde la figura
presidencial; en el caso del Sistema Nacional Anticorrupción afirmó que
necesariamente es importante en el país, para poder combatir la corrupción y la
impunidad.
“El desmantelamiento institucional en el que se empeña el presidente Andrés
Manuel López Obrador, no busca hacer más austero y eficiente el servicio
público, sino ocultar la ineficiencia, el despilfarro, la corrupción y el uso de
recursos públicos con fines clientelares”, remató.
