La diputada María Luisa Ojeda González (PRD) reprobó la desaparición del programa Escuelas de Tiempo Completo y se pronunció en la máxima tribuna del Estado por que los gobiernos federal y estatal atiendan con mayor responsabilidad desde una perspectiva integral la educación mexicana y “garantizar el bien del menor”.
En la sesión de la Diputación Permanente del 26 de julio, la representante del PRD sentenció que El PETC lejos de desaparecerlo se debe rescatar y fortalecer, es urgente atender las necesidades y daños académicas derivados de la emergencia”, sentenció la legisladora.
Recordó que PETC brindaba apoyos técnicos significativos consistentes en: asesoría para el desarrollo de estrategias pedagógicas; Orientación y acompañamiento la mejora del logro académico de los alumnos; capacitación de las autoridades educativas; asesoría para el fortalecimiento de los Consejos Técnicos Escolares y generar condiciones para el seguimiento, asesoría y supervisión en las escuelas.
La representante quien preside la Comisión Permanente de Igualdad de Género en la XVI Legislatura relacionó el hecho en el marco del “Día Naranja”, “espacio oportuno para destacar que la educación integral debe responder a la problemática actual, frente a los desafíos futuros, la educación constituye un instrumento indispensable para que México y Baja California Sur puedan progresar … la educación es un gran medio para enfrentar este grave problema social, y en educación, su tarea consiste en seguir realizando la tarea”.
Se refirió también al Boletín SEP No. 100 de la Secretaría de Educación Pública en el que la secretaría establecen los nuevos lineamientos para el horario extendido en las escuelas de educación básica incorporadas al programa “La Escuela es Nuestra” (LEEN), en el que especifica el pago sugerido de $60.00 pesos por hora adicional a cada docente y de $45.00 pesos para el personal de apoyo, pagos que se realizarían con el recurso entregado a cada escuela.
Ojeda González afirmó que este lineamiento encuadra en un modelo outsourcing que atenta contra la dignidad del magisterio al no reconocer su tarea, por ser una tercerización que transfiere responsabilidades que le competen al Estado Mexicano, y que ilustra en un vergonzoso ejemplo de dosis de la realidad de cómo se trata a la tarea educativa y a sus trabajadores docentes y no docentes.
