La diputada Marbella González Díaz (FXM), se pronunció porque las instituciones estatales y municipales para la defensa de los derechos humanos de la población de Baja California Sur, diseñen una política pública de largo plazo, y abatan índices de discriminación en el Estado, así como la violencia hacia las mujeres, niñas, niños y adolescentes.
En ese sentido, se pronunció porque los sectores público social y privado, trabajen unidos en la defensa de los derechos humanos de las mujeres, las niñas, niños, y adolescentes del Estado, porque son quienes históricamente se han visto más desfavorecidos en la defensa de sus derechos como personas.
En la sesión ordinaria de este martes 13 de junio, durante su intervención con un pronunciamiento, habló de la importancia de la participación de la sociedad en el restablecimiento del tejido social con un enfoque de protección integral de los derechos humanos.
“Hoy estamos ante una gran oportunidad de poder avanzar en este importante punto de la agenda pública de nuestra Entidad, es algo que no debemos postergar más tiempo. Nuestra sociedad lo necesita”, adujo.
La representante del Partido Fuerza por México en la XVI Legislatura, citó algunos ejemplos nacionales de indicadores de discriminación, (que no están desagregados por entidad federativa), como en el 2022, 33.5% de la población de 12 años y más con discapacidad opinó que en el país sus derechos se respetan poco; en el 2022, de acuerdo con la ENADIS, 37.3% de la población de 18 años y más de la diversidad sexual y de género, declaró haber sido discriminada en los últimos 12 meses.
De éste, el 41.8% declaró haberlo sido por su forma de vestir o arreglo personal (tatuajes, ropa, forma de peinarse, perforaciones; en tanto que, el 45.6% de la población de afrodescendiente manifestó lo mismo.
Finalmente manifestó su preocupación por los resultados de la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2022, porque a pesar de que Baja California Sur se encuentra debajo de la media nacional en los indicadores de discriminación, en la casi totalidad de ellos, la proporción de personas discriminadas es de una por cada cinco en nuestra Entidad, por lo que consideró que los esfuerzos de las instituciones y sociedad deben dirigirse a revertir estas cifras.
