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Necesario armonizar en BCS la Ley de Salud en materia de salud mental y adicciones: Eda María Palacios

Fue mediante un pronunciamiento que la Diputada Eda María Palacios Márquez
expuso en tribuna que es necesario se haga un diagnóstico situacional de la
salud mental y de las adicciones en Baja California Sur, y se analice
fundamentalmente la cuestión presupuestal para la implementación a nivel local
de las nuevas disposiciones federales tras la reforma a la Ley General de Salud.
En ese tenor señaló importante verificar si se tienen los recursos humanos,
materiales y financieros para hacerle frente a la reforma federal, toda vez que en
la Ley General de Salud se determinará que la atención de padecimientos
psiquiátricos y de adicciones se realizará de manera ambulatoria, evitando al
máximo el internamiento.
Para ello, la legisladora puntualizó ser necesaria la elaboración de un análisis al
que deberá de invitarse a todas las instituciones, personas y agrupaciones
involucradas en la atención de la salud mental y las adicciones, “máxime cuando
nuestra entidad figura entre los estados que presentan mayor índice de
enfermedad debido a trastornos mentales y del comportamiento, y que la
población de 18 a 34 años el porcentaje de consumo de drogas fue de 5.3%, por
arriba de la media nacional de 5.0%”, precisó.
Palacios Márquez, indicó que, dados los diversos cuestionamientos planteados
por los propios habitantes del Distrito I, esperaran que las autoridades estatales
se coordinen con la legislatura estatal a través de la Comisión de la Salud
existente, para que se trabaje en un análisis para la armonización de esta reforma
en salud mental y adicciones.
Cabe señalar que el pasado 16 de mayo de 2022, se publicaron en el Diario
Oficial de la Federación, reformas a la Ley General de Salud en materia de salud
mental y adicciones, que contrario a lo que circulo en redes sociales, no instruye
al cierre de los hospitales psiquiátricos y los centros de rehabilitación, pero sí
prohíbe el internamiento forzado de los pacientes y obliga a las instituciones a
garantizar el consentimiento informado sobre los tratamientos.

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