La XVI Legislatura del Congreso del Estado de Baja California Sur aprobó por
unanimidad la minuta que contiene el proyecto de decreto emitido por el Senado
de la República, mediante la que se reforma el párrafo segundo del Apartado A
del artículo 102 y adiciona una fracción séptima al artículo 38 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de suspensión de
derechos para ocupar cargos, empleo o comisión del servicio público,
denominada “Ley 3 de 3”.
La comisión dictaminadora de Puntos Constituciones y de Justicia consideró
procedente dictaminar a favor dicha minuta, por lo que mediante un punto de
acuerdo fue aprobado por la asamblea legislativa.
La reforma constitucional, aprueba mediante adición a la fracción séptima que,
los derechos de los ciudadanos se suspenden cuando “Por tener sentencia firme
por la comisión intencional de delitos contra la libertad y seguridad sexuales, el
normal desarrollo psicosexual; por violencia familiar, violencia familiar
equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual; por violencia política
contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y
tipos”.
Con ello, las personas declaradas como violentadoras o deudoras alimentarias
morosas no podrán ser registradas como candidatas a cualquier cargo de
elección popular, ni ser nombrada para empleo, cargo o comisión en el servicio
público.
En el debate la diputada María Luisa Ojeda presidenta de la Comisión de
Igualdad celebró que el Congreso de BCS se sume a los estados que han
aprobado las reformas constitucionales para que las mujeres mexicanas
logremos cantar victoria, “Ningún agresor sexual, ningún violentador y ningún
deudor alimentario podrá representarnos”, sentenció.
De igual manera se adicionó que para poder aspirar a la
titularidad de la Fiscalía General de la República Mexicana
(FGR), “Para que una persona pueda ser titular de la Fiscalía General de la
República se requiere ser ciudadana mexicana por nacimiento en ejercicio de
sus derechos (…)”.
BCS es el décimo Estado en aprobar la minuta; se requiere tener la aprobación
de mínimo 17 congresos a más tardar la primera semana de junio para que
entre en vigor.
