Con el propósito de reglamentar las funciones de la Contraloría Interna, el
Diputado Luis Armando Díaz, Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación
Política, presentó ante el Pleno su propuesta para el reglamento interior de la
contraloría del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur.
En ese sentido, se crean de manera interna órganos de sustanciación, órganos
de revisión, jurídicos y dotarles de personal capacitado en temas de contabilidad
y derecho, a efecto de que se puedan deslindar responsabilidades y fortalecer las
denuncias todo lo que viene a ser el cómo se llevarán a cabo esas tareas.
La diputada Lorena Marbella González Díaz, fue quien dio lectura a la propuesta,
(que fue asignada a la Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia, para su
análisis y dictaminación), afirmando que es para la mejor distribución y desarrollo
del trabajo, que podrá conferir sus facultades a funcionarios subalternos, sin
perjuicio de su ejercicio directo, así como también podrá contar con uno o más
asesores jurídicos, los cuales deberán ser licenciados en derecho, con
experiencia en la materia, quienes dependerán jerárquicamente de él.
Cabe recordar que en diciembre se modificó a la Ley Orgánica, que establece
mayores facultades y atribuciones para sancionar faltas administrativas o
anteponer denuncias ante el Tribunal de Justicia Administrativa, deslindar
responsabilidades y faltas, incluso ante la Fiscalía Especializada de Delitos
Cometidos por Servidores Públicos.
Este reglamento es una norma de carácter general, abstracta e impersonal, que
orienta y regula la actuación de las dependencias, con la finalidad de extender y
complementar de manera específica y particular la ley y así lograr su aplicación,
reglamentando la estructura, los niveles jerárquicos, las facultades y las
obligaciones de los servidores públicos. Tiene como objetivo coordinar y
supervisar el cumplimiento de las disposiciones en materia de administración de
los recursos humanos, patrimoniales y financieros, vigilando que
se lleven a cabo conforme a la normatividad, políticas y
disposiciones administrativas aplicables que transparenten y garanticen el
adecuado ejercicio del presupuesto asignado al Congreso del Estado, la rendición
de cuentas y el desempeño eficiente y eficaz de sus servidores públicos, y el
combate a la corrupción.
